Medio ambiente

delito ambiental
Juzgan a la alcaldesa de Alpuente por vertidos ilegales al río Tuéjar
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El Ministerio Fiscal pide dos años y tres meses de prisión .

EFE La alcaldesa de Alpuente (Valencia), Amparo Rodríguez (PP), ha sido juzgada hoy como responsable de los vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes de una pedanía que desembocaron en el río Tuéjar, hechos por los que el Ministerio Fiscal pide dos años y tres meses de prisión.

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La acusación pública responsabiliza también al director gerente de la Empresa General Valenciana del Agua (EGEVASA), Isidoro Solera, para quien solicita la misma pena de prisión y una inhabilitación profesional de dos años.

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Según relata el fiscal en su calificación provisional, bajo el mandato de la alcaldesa, se han producido vertidos de aguas residuales en la pedanía Las Heras del Obispo Hernández a un barranco cuyo cauce desemboca en el río Tuéjar.

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Estas aguas residuales llegaban sin depurar al barranco debido a "la falta de una depuradora" y al mal funcionamiento de las balsas decantadoras, que estaba "llenas de lodos" y tenían una conducción "rota".

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Tras una denuncia de un vecino afectado por los malos olores de las aguas residuales, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), hizo una inspección ocular y tomó muestras de tres puntos distintos del barranco el 10 de agosto de 2005.

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Las muestras revelaron que los vertidos producían un "severo desequilibrio" del ecosistema, puesto que eliminaban "las condiciones requeridas para el desarrollo de la flora y fauna naturales del barranco" y fomentaba "el desarrollo de plagas y vectores de enfermedades".

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En la vista oral, celebrada hoy en el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia, la alcaldesa, que ostenta el cargo desde 1999, ha reconocido que sabía que se estaban produciendo esos vertidos, si bien no adoptó medidas al respecto porque creía que estaban autorizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

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Amparo Rodríguez ha asegurado que pidieron esta autorización a la CHJ y, aunque "no hubo contestación", pagaron un canon por la misma.

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La alcaldesa cree que en pedanías como ésta, en las que la población no supera los cincuenta habitantes, "la legislación no obliga a tener un sistema de depuración".

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Además, ha dicho que el desbordamiento de las balsas de decantación podría deberse al "mal uso" que hacen los vecinos de las mismas", ya que las utilizan para "tirar cosas".

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No obstante, ha añadido que la gestión y mantenimiento de los sistemas de depuración de las aguas residuales corresponden a EGEVASA, y por ello desconocía que los vertidos "superaban los niveles".

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Por su parte, el gerente de EGEVASA ha asegurado que ocupó su actual cargo a finales de 2005 y que antes era director adjunto, por lo que sus funciones eran "contables y financieras" y "no tenían nada que ver con las depuradoras".

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El denunciante, cuya vivienda se encuentra sobre una de las fosas, ha asegurado que los vertidos al barranco entre 2004 y 2005 fueron "continuos" y que la situación era "alarmante".

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Asegura además que comunicó lo que sucedía "varias veces" al Ayuntamiento de Alpuente, aunque no obtuvo "ninguna respuesta".

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Por último, uno de los agentes del SEPRONA que inspeccionó el lugar y recogió muestras, ha corroborado que la fosa séptica estaba "desbordada" y que "todo iba a parar al barranco".

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Además de los dos años y tres meses de prisión por un delito contra el medio ambiente, el fiscal solicita sendas multas de 4.800 euros para los acusados.